viernes, febrero 16

Se puede decir más alto...

...pero no más claro:
NO ... a este estatuto de segunda. Andalucía merece algo más

7 comentarios:

Anónimo dijo...

Andalucía: 7.849.799 habitantes - Cataluña: 6.995.206 habitantes
(Andalucía tiene casi un millón de hab. más)
Andalucía: 87.268 km2 - Cataluña: 32.114 km2
(Andalucía es casi el triple que Cataluña)
Si somos un millón de habitantes más y tenemos el triple de
territorio, es normal que el Estado invierta más en Andalucía que en
Cataluña carreteras, vías férreas, aeropuertos, puertos, servicios públicos
de todo tipo, etc), ¿NO?
Según el Estatuto Catalán el Estado debe invertir el 18,5% del total
en Cataluña.
Según el Estatuto Andaluz el Estado debe invertir el 17% del total en
Andalucía.
¡¡¡¡ PERO SI SOMOS UN MILLÓN DE HABITANTES MÁS Y TENEMOS EL TRIPLE DE
TERRITORIO !!!!
¿Será que Cataluña esta peor que Andalucía y por eso hay que invertir
más allí?
Hospitales: Cataluña 54 - Andalucía 39
Listas de Espera (días): Cataluña 44 - Andalucía 71
Residencias Mayores: Cataluña 1226 - Andalucía 315
Paro (%): Cataluña 9,37 - Andalucía 16
C. Educación Infantil: Cataluña 3387 - Andalucía 2653
Plazas hoteleras,mil hab: Cataluña 40,5 - Andalucía 29,5
Teatros: Cataluña 506 - Andalucía 159
¿Cómo es posible que se le de a Cataluña, que tienen un millón de
habitantes menos que Andalucía, que son casi la tercera parte, más dinero en
inversiones que a nosotros?
¿Cómo es posible que eso lo hayan votado unos que se llaman Andaluces?
¿Dónde está la solidaridad interterritorial que consagra la
Constitución?
Reparto de Fondos Estructurales de la Unión Europea
Son fondos que la Unión Europea concede a España para la cohesión de
los territorios más pobres (objetivo 1) Son regiones objetivo 1: Andalucía,
Extremadura y Galicia
Según el Estatuto Catalán se establece una comisión mixta entre Estado
y Generalitat para negociar el reparto de los fondos (Cataluña no es región
objetivo 1)
Según el Estatuto Andaluz, Andalucía no tendría ninguna participación
en el reparto de los fondos, será el Estado unilateralmente (Andalucía es
región objetivo 1)
Incremento de Financiación
El Estatuto Andaluz establece un incremento de financiación de 0 EUR.
Dependemos un 70% de lo que el Estado quiera o pueda aportar
El Estatuto Catalán establece un incremento de 5.700 millones de
Euros.
Tendrán una autonomía financiera del 115% un superávit del 15%
Los pobres seguiremos siendo cada vez más pobres y los ricos
(Cataluña) será más rica aún, lo que se traduce en más y mejores carreteras,
más y mejores hospitales ...
Deuda Histórica
El actual Estatuto Andaluz recoge en su texto la existencia de esta
deuda del Estado con Andalucía, pero tras 28 años aún no ha pagado un euro,
ni tan siquiera ha sido cuantificada.
El nuevo Estatuto mantiene la situación, ni se cuantifica, ni se
establecen calendarios de pago.
El Estatuto Catalán recoge una nueva deuda del Estado con Cataluña.
3.800 millones de Euros a pagar en los próximos 7 años
¿Por qué tenemos que salir perdiendo?
Andalucía perderá 60.000 millones de Euros con el nuevo Estatuto.

Anónimo dijo...

Consideraciones
ANTE EL NUEVO ESTATUTO DE AUTONOMIA Y EL REFERÉNDUM DEL DÍA 18

Asumiendo modestamente, pero sin complejos, lo que algunos consideramos un deber cívico y de conciencia, que es inexcusable para quienes nos consideramos o somos considerados "intelectuales" –profesores, investigadores, creadores o críticos en el ámbito de la cultura-, me permito hacer llegar a los miembros de la comunidad universitaria una serie de consideraciones sobre el nuevo Estatuto de Autonomía que se nos presenta a ratificación por referéndum el próximo 18 de febrero.

Como era de esperar, la intoxicación mediática de estos días no sólo invita a un voto afirmativo no argumentado y ciego, sino que está plagada de falacias e inexactitudes que pueden contribuir a que, en un futuro próximo, aumente la frustración y el desprestigio de "lo político" cuando muchas afirmaciones que se están haciendo ahora se muestren vacías. Por otra parte, los incesantes llamamientos públicos de personas de muy diversa significación –entre las que, en Sevilla, no faltan los imprescindibles Lopera y Del Nido- y de organizaciones empresariales, sindicales y toda una larga serie de asociaciones del más diverso tipo a favor del Sí –por motivos y con objetivos que cada quién es libre de interpretar- van destinados a fomentar el "pensamiento cero", creando una sensación de práctica unanimidad sobre las supuestas bondades del texto y planteando implícitamente como innecesarias la reflexión y toma de decisión consciente sobre si votar o no, y en su caso qué votar, por parte de cada ciudadano y ciudadana.

Desde el distanciamiento respecto a todos los partidos políticos actualmente existentes, y utilizando el medio de comunicación que los miembros de la comunidad universitaria tenemos a nuestro alcance para hacernos llegar no sólo noticias sino reflexiones sobre aquello que creemos importante para la Universidad y para el conjunto de la sociedad, me decido a enviar estas reflexiones desde el profundo respeto a todas las opiniones que puedan ser contrarias a mis planteamientos y con el objetivo único de contribuir a un debate que no ha estado fuera de nuestra Universidad –ya que ha habido algunas Jornadas sobre el tema en diversos centros- pero que estimo no ha tenido entre nosotros la envergadura que su importancia requiere.

En primer lugar, en cuanto a su forma de elaboración, me parece necesario denunciar que en los más de cinco años transcurridos desde el primer anuncio de la reforma del Estatuto actualmente vigente no ha existido, ni ha sido impulsado por la Junta de Andalucía ni por ningún partido político, el imprescindible debate social acerca de su necesidad y sobre los logros e incumplimientos del aprobado en 1981. Todo ha sido negociado y acordado a espaldas de la ciudadanía por las cúpulas partidistas, aunque ahora se afirme que han intervenido en su elaboración representantes de múltiples organizaciones sociales (?). Es sólo cuando el texto ha de cumplir el precepto de su ratificación en referéndum –como consecuencia de que Andalucía es, gracias al 28 de Febrero de 1980, una Comunidad Autónoma del artículo 151 de la Constitución- cuando se apela a la participación popular, sustituyendo la información y el debate por eslóganes publicitarios que animan, casi todos ellos, a votar afirmativamente de una forma ciega, sin un verdadero conocimiento de lo que se vota y de las consecuencias que tendría dicho voto para nuestro futuro colectivo.

Antes de elaborar un nuevo Estatuto hubiera sido obligatoria una evaluación seria y rigurosa de los aspectos cumplidos e incumplidos del aprobado en 1981 y un amplio debate sobre la situación de Andalucía hoy: de cual es nuestra situación real, de cuáles son nuestros principales problemas y de hacia dónde queremos caminar. Contrariamente a esto, lo que se nos ofrece en el preámbulo del nuevo texto es la afirmación de que "hemos pasado del subdesarrollo económico y cultural a un panorama similar al de las sociedades más avanzadas" y que Andalucía "se ha acercado al ideal de Andalucía libre y solidaria por la que luchara Blas Infante" . El hecho de que Andalucía continúe ocupando los últimos lugares entre las Comunidades Autónomas del Estado Español en cualquier clasificación respecto al bienestar y la calidad de vida, y la lectura de la obra de aquél descalifican estas afirmaciones triunfalistas que tratan de enmascarar nuestra realidad y de vaciar de significación al que fue principal luchador por una Andalucía Libre.

En segundo lugar, respecto al texto mismo que se nos presenta a referéndum, lo consideramos radicalmente insuficiente e inserto en un modelo económico, político y cultural cuya lógica es la contraria de la que posibilitaría a Andalucía avanzar hacia un desarrollo humano, sostenible y solidario, centrado en las necesidades y aspiraciones de las personas y no en los intereses de quienes controlan el Mercado.

Sin intención de exhaustividad, y a título de ejemplos, señalamos algunos de los aspectos que considero más negativos del texto:
- No reconocimiento de la identidad nacional de Andalucía. La alusión en el preámbulo a la "realidad nacional" no supone -tras la desnaturalización del concepto en las Cortes Españolas respecto a lo aprobado en el Parlamento Andaluz- una definición de Andalucía con vigencia en el presente sino una mera referencia erudita a un documento de hace casi cien años al que no se da valor alguno en el presente. Este no reconocimiento supone rechazar la existencia de un pueblo andaluz con derecho a decidir sobre nuestros propios asuntos y a dotarnos de las instituciones y competencias necesarias para ello.
- No existen instrumentos para garantizar el reequilibrio interno de Andalucía, territorial y social, ni para conseguir la igualdad con otros pueblos del Estado respecto al efectivo ejercicio de derechos que, en teoría, nos son reconocidos.
- No se reconoce de manera adecuada la deuda histórica que el Estado Español tiene con el pueblo andaluz; deuda que no consiste solamente en el déficit en la financiación de competencias traspasadas a la Junta de Andalucía sino que abarca el valor de los recursos materiales, financieros y humanos expropiados a Andalucía durante los últimos ciento cincuenta años en beneficio de otros territorios. Y que no debería considerarse pagada hasta que alcancemos, al menos, el nivel medio del Estado en todos los servicios.
- Se establece la subalternidad de las leyes andaluzas respecto a las estatales y europeas, incluso en aquellos ámbitos definidos como competencia exclusiva de Andalucía.
- No se contempla el papel de los municipios como nivel institucional fundamental y gestor de servicios más cercano a los ciudadanos, ni se plantea resolver la financiación de los mismos, ni su presencia en órganos de decisión política, ni su agrupamiento necesario en comarcas.
- Los derechos sociales que teóricamente se reconocen –constituyendo, al decir de algunos partidos y organizaciones, el principal logro del texto- son, en gran medida, una mera recopilación de los ya existentes en la Constitución o reconocidos en diversas leyes; y, además, no cuentan con verdaderas garantías para su ejercicio, ni jurídicas ni financieras. En este último aspecto, el Estatuto no contempla una fiscalidad redistributiva y compensatoria, social y territorialmente, ni define una forma de financiación que haga avanzar la convergencia, en el ejercicio de los derechos, con otras Comunidades del Estado. Seguiremos dependiendo de la legislación que establezca el poder central del Estado y se elabore en Bruselas sin que, en la práctica, tengamos capacidad de decisión en esas instancias.
- Entre los objetivos de la Comunidad Autónoma y los principios rectores a los que deben responder las políticas públicas –que no siempre se corresponden- están ausentes la desaparición de las bases militares extranjeras o "de utilización conjunta" en suelo andaluz y la aspiración de declarar Andalucía territorio desnuclearizado.
- La alusión a la Reforma Agraria se convierte en una broma al ser insertada obligatoriamente en la política agraria comunitaria (PAC). Pero, sobre todo, no existe alusión alguna al objetivo de que sea el logro de la Soberanía Alimentaria el eje de nuestro desarrollo agrario, ni se realiza una prohibición y ni siquiera una política preventiva respecto a los transgénicos, a pesar de que constituyen una grave amenaza para los agricultores andaluces y para nuestro medio ambiente.
- No se contempla el suelo como patrimonio colectivo andaluz, por lo que seguirá siendo un recurso económico abierto a la especulación y la destrucción del entorno natural y cultural. Y ello continuará imposibilitando la resolución del gravísimo problema de vivienda que sufren millones de andaluces.
- Los contenidos del "derecho al trabajo" (artículo 26 del Estatuto) constituyen una burla a dicho derecho y, sobre todo, a los cientos de miles de andaluces sin empleo y a los millones con empleo precario. Lo que sí se garantizan son "las condiciones necesarias –supongo que, sobre todo, económicas- para el desempeño de sus funciones" a las organizaciones sindicales y empresariales "más representativas".
- El texto del nuevo Estatuto es inaceptable en su tratamiento de la cultura andaluza que debiera defender y desarrollar. En lugar de recoger los valores humanistas y potencialmente liberadores de esta –entre otros, la centralidad de la persona, el igualitarismo, la solidaridad y la valoración de la dignidad por encima de la riqueza material- asume en su artículo 1º "los valores de la Unión Europea", que me temo sean, aunque no se confiese, los de la globalización neoliberal: la competitividad insolidaria, la productividad medida en términos exclusivamente económicos, el individualismo, el consumismo desaforado, la búsqueda ciega de beneficios sin tener en cuenta los costes sociales y ecológicos…
- El texto refleja una inaceptable reducción del conjunto de valores y expresiones culturales andaluces a lo declarado como Patrimonio por los poderes públicos. La referencia específica al flamenco nos tememos que pueda funcionar como coartada para desatender las obligaciones respecto a los demás elementos y valores culturales de Andalucía y para acentuar la consideración de la cultura como un mero recurso económico y no fundamentalmente como cimiento de la identidad colectiva. La desvinculación de la cultura andaluza del ámbito de la Educación refleja con claridad el sesgo reduccionista y mercantilista del nuevo Estatuto en esta dimensión. Ante ello, el mantener el objetivo incumplido del anterior Estatuto de conseguir "el afianzamiento de la conciencia de la identidad y la cultura andaluza" supone una mera declaración retórica vacía de contenido.
- Más allá de lo anterior, las menciones a la Educación, y especialmente a la investigación y a las universidades, son significativamente pobres y casi inexistentes. En este sentido, el Estatuto no agrega apenas nada ni va servir de contrapeso respecto al conjunto de leyes y normas, incluidas diversas directrices europeas, que están poniendo las universidades al servicio exclusivo del Mercado, vaciándolas de otras funciones.
- No se impulsa una verdadera participación ciudadana en los debates y decisiones más allá del derecho al voto en convocatorias electorales y referéndum convocados desde el poder; e incluso se excluye de este derecho a quienes viven y trabajan en Andalucía pero no poseen la nacionalidad española (salvo los ciudadanos de la UE para las elecciones locales). Y tampoco se avanza en cuanto a evitar situaciones que atentan contra el autogobierno y la democracia como la reiterada coincidencia de las Elecciones Andaluzas con otros comicios electorales y el mantenimiento de personas en unos mismos cargos públicos sin limitación temporal alguna.

Por otra parte, el texto que fue aprobado por el Parlamento Andaluz el pasado mes de mayo –que reflejaba ya graves limitaciones- ha sido recortado e incluso desnaturalizado en cuestiones fundamentales tras su paso por las Cortes Generales. Más de 150 artículos han sido modificados, siempre en un sentido restrictivo y de supeditación total al ámbito central del Estado. La machacona alusión a la Constitución y a la legislación estatal ha sido acompañada de una labor sistemática de poda y tala de casi todo lo que podía valorarse como potencialmente positivo del primer proyecto. El objetivo de conseguir el máximo consenso entre los partidos parlamentarios jamás debería haberse hecho a costa de reducir, e incluso anular, dichos avances. Al respecto, es escandalosa la falta de escrúpulos de quienes niegan la trascendencia de los cambios que el texto sufrió en el Congreso de los Diputados para justificar su apoyo al mismo como parte de estrategias partidistas o de consecución de beneficios personales.
Caso de ser aprobado este texto de Estatuto, considero que Andalucía se convertirá en una Comunidad Autónoma de segunda categoría respecto a otros pueblos del Estado, anulando casi todo lo conseguido aquel día histórico que fue el 28 de Febrero de 1980. Y acentuará su dependencia económica, social y cultural y su subalternidad política. Por ello, me permito invitar a todos los miembros de nuestra comunidad universitaria a reflexionar sobre el texto que se nos ofrece, a compararlo con otros, y a tomar una decisión consciente el próximo día 18.
En todo caso, agradezco la atención que hayais podido prestar a estas consideraciones.

Isidoro Moreno Navarro, catedrático de Antropología Social

Bahtian dijo...

Eh!!!, que pasa?????
No he recibido en mi casa por correo un ejemplar del nuevo Estatuto, donado generosamente por la Junta de Andalucía...
Se habrá perdido por el camino?
Es que no quiero ni pensar que a nuestros políticos no les interese que se sepa lo que se vota...
¡Joder! que mal pensao que soy.

Landahlauts dijo...

La Arbonaida te lo deja leer... pa' que te informes...
pulsa sobre el NO y lo tendrás.

:)

Apus dijo...

STATIUT? Estoy fuera de foco definitivamente!! No se de que se trata y no te voy a mentir, tampoco creo leerlo y aunque lo haga tampoco lo voy a entender. A veces me pasa que no me doy cuenta si algo es bueno o malo, ha de ser la desinformación, no?

Pero si me acuerdo, más o menos el cuento del cabritos y lobitos de la peque espalditas. Algo es algo. Estoy quemadisima!!!!!


Se ven al rato!

PIlar M Clares dijo...

Aquí hay información, te lo agradezco, pero en general lo que se impone es aprobar unos sentidos como necesarios "estatutos" cuando al pueblo en realidad le importa un pito, no se informa y menos, desde luego, debate. Simplemente se aferran a un sí o un no según posición y empatía políticas. La gestión administrativa y política va por un lado, la vida de los ciudadanos por otro. Inercias de los tiempos. Analogismos con otras comunidades que imponen un modelo de binomios sí/no etc. Y mientras tanto yo digo ¿y esto qué es, cómo se come, qué trae de ventajas, encubre necesidades reales mientras tanto..etc.?

Marta Salazar dijo...

Hola hola! En Planisferio sale un artículo al respecto, un abrazo.

Ah! el link:

http://elplanisferio.blogspot.com/2007/02/estatuto-de-andaluca.html